"Servicios no ofrecen ninguno"

Los hechos

El 31 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional modificó vía Decreto de necesidad y urgencia la Ley de Inteligencia 25.520, expandiendo las competencias y alterando la estructura interna de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Desde una perspectiva organizacional, crea una “Comunidad de Inteligencia” que admite la cooperación e interoperabilidad de diferentes órganos de inteligencia, confiriéndole a la SIDE cierta supremacía por sobre los demás.

La parte más interesante y la que más está dando que hablar en los medios, concierne al ejercicio de la contrainteligencia:

“ARTÍCULO 2° quater.- Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales.

La Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia.

Tales Medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”.

Dicho artículo complementa al siguiente:

Art. 4 Inc. 4: Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. Quedan exceptuadas las actividades de Contrainteligencia previstas en el artículo 2° quater de la presente ley.

Sin pensarlo demasiado, el texto plantearía la posibilidad de que la SIDE intervenga o influya en cuestiones políticas bajo la presunción de que en ellas operen intereses externos en detrimento de los intereses nacionales. Las implicancias de esto excederían a los partidos políticos tradicionales, y podrían extenderse a ONGs, Fundaciones y otra clase de grupos de presión.

Las reacciones

Las principales voces opositoras señalan al DNU como un avance sobre principios democráticos y de transparencia institucional. En principio, la “necesidad y urgencia” es siempre algo muy ambiguo, y si bien uno podría argüir que el convulsionado clima político internacional justifica una actualización doctrinaria en las misiones, funciones y capacidades de la SIDE; el bajo nivel de comprensión sobre fenómenos complejos que posee la dirigencia política argentina (ni digamos el electorado) dificulta un debate honesto.

En cuanto a estrategia comunicacional, la reacción de la oposición es efectiva aunque predecible: hay una gran porción de la población convencida de que el gobierno quiere utilizar instrumentos clandestinos para torcer la voluntad popular, generar consenso frente a políticas presumiblemente impopulares y avanzar en la supresión de toda oposición sistémica al proyecto de Milei. Proyecto que según esta visión nace de una alianza entre un sector de la elite económica local y factores de poder extranjeros más o menos definidos.

El aparato comunicacional partidario en redes sociales, lejos de querer alejarse de estos prejuicios, busca reafirmarlos. El rechazo al gobierno hace pie en la percepción general sobre “los servicios”, y en la intuición latente de que la mayor victoria de un proyecto político es usar algún poder oculto para subvertir o torcer el orden constitucional. Ahora, ¿de dónde vienen éstas ideas?

En Código Stiuso, Gerardo Young deja asentado el “sentido común” sobre los órganos de inteligencia en Argentina, narrado a través de la historia personal de Antonio Stiuso, activo entre 1972 y 2014 y quien fuera responsable de contrainteligencia y operaciones durante buena parte de su carrera. Si bien la mayor parte de su periplo transcurre en democracia, el libro detalla cómo la dictadura instaurada en 1976 (y en alguna medida su largo preludio) utilizó a la SIDE como brazo operativo de un plan de gobierno orientado a transformar la economía y la sociedad argentina. Ese plan no estaba exento de interferencias e intereses externos, dictados por el mismo contexto de la guerra fría y por un esquema de cooperación con agencias extranjeras (Francia, Estados Unidos) que durante años proveyeron de fierros y entrenamiento a la inteligencia local.

Ni siquiera después de décadas y con muchas desclasificaciones bajo el puente podemos comprender con detalle la influencia que tuvo la SIDE durante esos años (quizá eso cambie pronto); mucho menos podríamos dimensionar el impacto que tuvieron en la restauración democrática post 1983. La relación con la política y los medios de comunicación existió más allá de todo control civil, “la Casa” terminó siendo un botín partidocrático que degradó su legitimidad en paralelo al crecimiento de su poder e influencia, algo que culminó en una serie de reformas (AFI→Intervención→SIDE) que aún continúan y de las que todo este debate forma parte.

Hace algunas horas, el ex-Secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma planteó que el DNU es un error político, ya que para darle legitimidad a los cambios en materia de inteligencia es conveniente que pasen por el Congreso. En lo personal, me siento tentado a coincidir; pero al mismo tiempo el poder legislativo (quizás el más vulgar de los tres poderes republicanos) no se cansa de dilapidar su legitimidad apelando a la demagogia y al rosquerismo mas abyectos.

Toma plantea correctamente que la percepción de la población sobre la SIDE es negativa, independientemente de las preferencias políticas particulares. Pero eso también podría ser usado como argumento para obturar crónicamente un debate sobre la ampliación o actualización de las capacidades del aparato de inteligencia.