Aclaración preliminar: Los datos aquí volcados no son neutrales. No pueden serlo, dado el carácter intrínsecamnete movilizador del tema a tratar. La enorme mayoría de los lectores probablemente ya tenga una postura tomada al respecto, mas o menos radical. Sabiendo que es imposible derribar un prejuicio con un artículo de opinión, y entendiendo que muchísimas personas son atravesadas a diario por el miedo y el dolor que causan los delitos violentos, voy a buscar expresar mis opiniones de la manera más racional posible, no para resultar convincente, sino con el fin de contribuir a encontrar soluciones.


Dentro del progresismo, es impopular, tal vez polémico, plantear que el trabajo de un policía debe ser respetado por su riesgo y entrega. La opinión general suele dividirse entre quienes creen que la policía es una institución inútil y corrupta al servicio del poder, y quienes glorifican cada acción policial y piden al Estado que les conceda poder de jueces para combatir el crimen. Ambas posturas tienen mucho de errado.

No es que desconozca el desprestigio de las FFSS, muy marcado por su nefasto accionar durante la década de 1990, pero una visión crítica debe incluir también un interés en reconstruir su imagen salvaguardando las vidas de sus integrantes, evitando que tomen parte en acciones violentas que no contribuyen a la seguridad pública.

La anterior división de la sociedad en cuanto a la función que, se cree, deben tener las Fuerzas, está reflejada ejemplarmente en la dicotomía condena/glorificación del policía que logra abatir a un civil en contexto de delito. Ni todo uso de la fuerza letal es injustificado, ni es función de los oficiales ser jueces callejeros; si ésto último ocurre, lo más probable es que se deba a una inoperancia del poder judicial, algo que debe ser abordado de forma urgente sabiendo, por ejemplo, que más de la mitad de los presos de éste país están sin condena firme.

Imaginen toda la formación que necesitan los jueces, los tiempos, la frialdad a la hora de expedirse en sus fallos, y pese a eso no evitan cometer “errores”. Ahora imaginen que esa tarea esté a cargo de una persona con un entrenamiento (insuficiente) de un año, con la adrenalina al palo y un arma de fuego en la mano.

Hay, además, un componente enormemente perverso en ofrecer el quick draw como política de seguridad pública: Se erosiona el estado de derecho porque es difícil tener claro si el uso de la fuerza letal es justificado, y las morgues se llenan de cuerpos, sin distinción de uniformes.

Cuando se refiere al quick draw (con tendencia a la baja en Estados Unidos, producto de una búsqueda de metodos no letales para reprimir el delito, y en franco ascenso en Brasil), tiene que invocarse cierta relación entre las muertes causadas por las fuerzas de la ley, y los efectivos asesinados. En Brasil, entre 2009 y 2015, murieron 11768 civiles en manos de las FFSS, y 2572 policías fueron abatidos, de los cuales sólo un tercio estaba en servicio. Esta problemática también está presente en nuestro país.

Es emblemático el caso de Brasil, porque los sectores conservadores de Argentina suelen tomar su política de seguridad como ejemplo, y porque marca el camino de una militarización (formativa y de equipamiento) que ha sido tópico de discusión también en México y Colombia, con resultados nefastos.

Pero poco importa, el único delincuente bueno es el delincuente muerto. Ya sabemos que cada tres civiles abatidos, un policía muere. Que al menos una de esas cuatro muertes le pese a los fanáticos de la mano dura. No hay ninguna gloria en morir sin sentido. Menos sentido tiene si pensamos que es fruto de un pedido de una parte de la población, que manda a morir a sus conciudadanos con el único fin aparente de vengarse de los delincuentes, festejando los muertos “ajenos” sin entender que necesariamente eso implica llorar los “propios”.

La inseguridad y la función policial es un terreno de opinión escabroso, más que por una cuestión ética, por la ausencia de políticas claras y estadísticas fiables.

Ésto es un hábito en la Argentina, y es motivo por el cual probablemente la mano dura haga su aparición cada cierto tiempo en el discurso público, explicable por el hecho de que no hay una sola política de estado que sea continuada y aplicada de forma coherente. El estado de urgencia permanente vuelve al tema particularmente susceptible a la oferta de soluciones mágicas y demagógicas que a la luz de los hechos se ha probado inútil. Y es mucho más fácil hacer ésto cuando hay un amplio sector de la población que ha sufrido las consecuencias de la inseguridad, a veces extremadamente dolorosas y traumáticas. En ese contexto de pasiones atizadas, quien ofrece acciones visibles, asertivas y con cierto sabor a venganza o justicia inmediata, tiene una ventaja sobre políticas más difusas, que tampoco han dado respuesta al reclamo legítimo de mayor seguridad. Creo que en ese sentido el relato progre clásico de asociar el delito a la pobreza es bastante injusto, sobre todo cuando vivimos en un país con un piso de 20% de la población que es efectivamente pobre. Si tenemos, aproximadamente, 400000 robos por año, y todos fueron cometidos por personas diferentes, no llegamos a tener siquiera un 5% de delincuentes sobre el total de habitantes.

Y son precisamente delitos contra la propiedad, arrebatos en la vía pública – vale aclarar que menos del 10% resultan en lesiones. Es poco práctico pensar en una cacería con 9mm para resolverlos, un policía cada 20 metros, o replicar a The Truman Show poniendo 4 camaras por cuadra.

Es decir, la tarea del policía de calle debe estar integrada a la necesidad comunitaria, apoyada en la tecnología pero con un uso diagramado, planificado y no masiva e irracionalmente. Incluso la mayoría de los robos al voleo podrían ser contenidos mediante intervención ciudadana, tal como lo contempla el Artículo 34 inc. 6 y 7 del Código Penal. Un breve vistazo a los comentarios de la gente en redes sociales y televisión hacen creer que hay muchisimas personas ávidas por impartir justicia por mano propia y exigiendo que el Estado legalice la pena de muerte como solución a la epidemia de robos y hurtos.

Es que incluso cuando la situación lo requiere, el uso de la fuerza letal debiera ser excepcional y de último recurso, con el máximo profesionalismo posible, y no un raid justiciero al estilo Charles Bronson (¿Notaron que nadie dice Charls, sino CharlEs?). Al menos esa debió ser la lección después de Ramallo.

Los ya mencionados números de civiles y oficiales muertos deben también advertirnos del potencial daño a terceros,  que podría ocasionar forzar a la policía a un combate a muerte con el delito. Ya sea por impericia, falta de entrenamiento,  o falla del equipo.

Las soluciones deben buscarse fuera de debates inconducentes en estudios de TV, con modales caóticos y dilemas absurdos sobre si está bien o mal dispararle por la espalda a un potencial delincuente. Las soluciones exigen un compromiso cívico, analizar las propuestas sin comprar espejos de colores, pedir estadísticas fibles, sistematizar y dejar claros ante la sociedad los protocolos de accionar policial. Poco ha hecho la misma fuerza en dar una imagen de cercanía y transparencia para con la comunidad, luego de decenas de hechos de corrupción que la mancharon, sin mencionar casos de aberrante abuso policial y violaciones a los derechos humanos.

Tambien debe discutirse por qué dos tercios de los policías matan y mueren fuera de servicio, y por qué hay personas que creen que eso va a solucionar el problema de la inseguridad, aunque los números demuestren lo contrario. Que el grueso de la opinión pública prefiera ver morir gente, puede quizás deberse a que nunca se les ofreció nada diferente.

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